Análisis del 1 de octubre

El referendum se ha producido, no en su versión legal según la Constitución Española, pero sí para una parte de la opinión pública internacional y para los nacionalistas catalanes. Hemos visto cómo la ley española es papel mojado para los sediciosos, pero ¿y los políticos del ámbito nacional? ¿actúan usando la C.E. como resorte para apoyar una política favorable a la unidad de España?

En el conflicto hay dos posiciones protagonistas: el independentismo del gobierno catalán y la resistencia del gobierno de España. Rajoy ya anunció que su respuesta sería proporcionada a los acontecimientos ilegales, lo que supone que va a responder de forma estrictamente selectiva contra cualquier movimiento y sus actores que rebasen la línea de la legalidad, y nos da a entender que no va a actuar políticamente más allá de responder a simples infracciones. Es decir, que no piensa dar una respuesta política a este problema. Las razones pueden ser muchas y en cierto modo podría tener justificación según las circunstancias del poder en esta época y el escenario general nacional e internacional que se da, y que ciertamente no parecen muy favorables a exacerbar políticas de soberanía nacional, algo que ya hemos visto que se ha castigado mucho en los últimos tiempos. Puedo poner ejemplos, como las intromisiones internacionales en países como Libia, Siria o incluso Polonia.

El gobierno de Rajoy presenta un modelo liberal de hacer política, limitándose a hacer funcionar los órganos del estado sin entrometerse en los asuntos del pueblo, decantándose entonces la gente por una búsqueda individual de solución a sus necesidades. El rechazo del sistema a responder a los movimientos sociales siempre interesados y falsos daría paso a la mejor adaptación del individuo a este sistema, sin más norma o filiación que el cumplimiento de las leyes. Este es el ideal imaginario en el que vive Rajoy, el Partido Popular y otros partidos y corporaciones económicas.

Por lo tanto, según esta fe, la historia de las masas ha llegado a su fin. Los separatismos por ejemplo serían solo un fantasma a desnudar, como mera proyección de una serie de intereses económicos personales y corporativos con sus respectivos engaños sociales. Las exigencias (verdaderas o falsas) de cada reivindicación social no serían más que instrumentos para ganar ventajas económicas y el equilibrio social en cualquier ámbito es una quimera falsa, siempre maquillada con datos rebuscados para tranquilizar a la gente y llegado el caso aprovecharse de ella para conseguir votos.

El referéndum independentista se presentó al gobierno como un desafío de los fantasmas sociales que se empeñan en demostrar que existen. Los nacionalistas lo anunciaron, pero se negaba el derecho a existir y el mantra del exorcismo era: “no habrá referéndum”. Y eso era todo, porque los tirones, golpes y empujones es otra faceta de la aparición de la que se podrían encargar después un nutrido contingente de fuerzas legales del orden.

Rajoy seguía confiado en sus colegas de los países de la UE. Nada que temer entonces, salvo que esa unión de países contradijera a los países mismos que la integran, como una computadora que toma vida propia y decide con insospechada extrañeza lo que el usuario tiene que crear.

Llega el 1 de Octubre

Para el día anunciado de la aparición fantasmagórica se desplegaron decenas de miles de efectivos de las F. y C.S.E., lo que no impidió que unas 2.200.000 personas acudieran a votar en las urnas repartidas por unos 2.200 colegios electorales, de los que entre 100 y 200 fueron cerrados o precintados. A pesar de la ausencia de garantías la votación ocurrió guardando las formalidades que les fueron posibles.

Los incidentes con violencia eran de esperar. Es lógico ante las infracciones de la ley que las fuerzas del orden la ejerzan. Sin embargo, y viendo el resultado de la jornada, la coerción legal en sus duros enfrentamientos solo consiguió cerrar un 8 o 10% de los colegios previstos. Como gesto de reivindicación fue un logro entre los nacionalistas. Como consulta, incluso podría ser útil en determinadas circunstancias graves. Del lado del gobierno, la gestión para impedir el referéndum legal en realidad ya estaba hecha debido a la falta de reconocimiento internacional y de garantías legales, por lo que el empleo de la fuerza realmente no aportaba nada al no impedir ni la movilización masiva para votar ni el propio registro de voto masivo. Al contrario, la recolección de imágenes violentas publicadas ha servido para que cierta opinión pública e inesperadamente la UE protesten contra el uso de la violencia del estado, una violencia que es legítima cuando es proporcional (y lo fue) pero sobre todo que es legítima cuando es operativa, es decir, útil para impedir el operativo del referendum. Y ahí es donde no parece que exista una justificación coherente para su uso en un problema de calado social tan importante como es hoy el nacionalismo en Cataluña.

La formulación de reprimir al infractor de la ley se quedaba muy pequeña para hacer frente al fantasma que Rajoy no quiere ver y que es real, que es el que le exige afrontar este asunto con la política. La función de un político no debería ser la de fabricar o negar realidades ni su dimensión, sino en gestionar la búsqueda de soluciones a los problemas y si es posible, convertir la solución de los problemas en oportunidades para el bien común.